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viernes, 29 de abril de 2016

Comunicado del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas Con Discapacidad



Caracas, 28 de abril de 2016.

Ciudadanos(as):

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Sala Constitucional

Su Despacho.

Reciban un cordial saludo de EL COMITÉ DE DDHH PARA LA DEFENSA DE PENSIONADOS, JUBILADOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en la oportunidad de hacerles llegar algunas reflexiones en torno a la Ley de los Bonos de Alimentación y Medicamentos, la cual es objeto de evaluación por parte de este alto Tribunal de la República, a fin de definir  su rango constitucional.

En primer lugar, queremos señalar que nuestra organización fue recibida en el Palacio de Miraflores en 1.999, por el Presidente fallecido Hugo Chávez luego de una masiva marcha que tenía como propósito lograr una entrevista con  el Presidente, a fin de hacerle conocer la situación calamitosa por la cual venían atravesando los pensionados del IVSS, los jubilados de la Administración Pública y los Adultos Mayores en general.

A partir de esta reunión, el Presidente nombró una Comisión de Alto Nivel, incluyendo a una representación nuestra, a objeto de darle salidas institucionales a la problemática del sector de adultos mayores. Es así como comienza a darse respuestas gubernamentales a los problemas planteados por el movimiento de adultos mayores organizados en El Comité arriba identificado.

Las políticas sociales asumidas por el Presidente fallecido dirigidas a este sector de la población, se constituyeron en bandera de su gestión gubernamental. De allí nació la homologación de las pensiones de los sobrevivientes al salario mínimo, los Decretos 4296 y 7401 que abrió la posibilidad de pagar las cotizaciones faltantes a personas con la edad de pensionarse, la Misión en Amor Mayor, entre otros programas sociales.

Quedaron pendientes otras solicitudes como el tercer mes de aguinaldo y los bonos de alimentación, salud y recreación, que de haberse mantenido dicha Comisión Presidencial seguro estamos que ya se habrían otorgado sin tanta trabas como las que estamos viendo en los actuales momentos.

Estas políticas dirigidas a los adultos mayores han sufrido un cambio negativo para el sector en los últimos tiempos. Para el año 2014 hubo un decrecimiento en un 80 % en la asignación de nuevas pensiones, además se ordenó al IVSS no publicar más los listados de los nuevos pensionados, lo cual impide realizar el control social, y por otro lado se han hecho ofrecimientos no concretados.

En este sentido, el Presidente Maduro, en un acto de masas con adultos mayores convocados al Palacio de Miraflores,  el 23 de febrero del 2014, ofreció públicamente otorgarles los Bonos de Alimentación y Recreación, así como en otro acto convocado en el Teatro Teresa Carreño, ofreció la tarjeta de la salud a los adultos mayores señalando que saldrían para marzo de ese año los primeros 10 mil adultos mayores con dicha tarjeta. Pues bien, estos anuncios levantaron altas expectativas en el seno de esta población, pero no fueron decretados.

Expectativas éstas que se han visto incrementadas desde entonces, dada la situación crítica por la cual estamos atravesando debido al debilitado ingreso que percibimos, a consecuencia de la implacable e incontrolable inflación que padecemos todos los venezolanos, siendo perjudicados con mayor severidad quienes menos ingresos tenemos, que no nos alcanza para la compra de alimentos y medicinas, sin incluir los demás gastos a que estamos obligados.

Por ello, hemos visto con mucho agrado que otro ente importante del Edo. Venezolano, como lo es la Asamblea Nacional, haya tomado esta iniciativa y haya aprobado una Ley de los Bonos de Alimentación y Medicinas, dándole así carácter universal a este beneficio, lo cual evitaría el manejo discrecional en el otorgamiento del mismo, como viene ocurriendo con la tarjeta socialista de alimentación y con las pensiones de hogares de la patria, las cuales son otorgadas discrecionalmente y exclusivamente, en actos políticos, a quienes se inscriben a través de las UBCH o el PSUV.

En tercer lugar, este tema de las pensiones, jubilaciones y de la seguridad social en general, debe ser excluido de la diatriba político-partidista polarizada, que impera en Venezuela, ya que, de lo que se trata es de hacer justicia social con un grupo etario que le entregó los mejores años de su vida  al País en los diferentes ámbitos del quehacer nacional. Está bueno ya que se siga haciendo politiquería con estas personas que lo que desean es tener una vejez tranquila que para eso trabajaron y ayudaron a construir esta bella Venezuela. No somos juguetes de nadie, somos personas  que merecemos  el respeto de todos los sectores de la sociedad venezolana y no nos importa en este momento quien nos otorgue este beneficio, porque en definitiva es el Estado venezolano quien nos lo otorga como debe ser siempre y no la dadivosidad de ningún Presidente de la República, ni mucho menos ningún partido político, ni dirigente político alguno, ni candidato alguno, sino el ESTADO VENEZOLANO, a través del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL que merecemos tener todos los venezolanos después de 100 años de explotación petrolera. Si hubiésemos hecho esto, contaríamos con el FONDO DE LA SEGURIDAD SOCIAL y no estaríamos pasando por esta situación de otorgar pensiones miserables para nuestros ciudadanos, cuestión que nos empuja a mendingar  bonos u otros paliativos para compensar el MENGUADO ingreso mensual proveniente de las jubilaciones y/o pensiones. Con el FONDO DE PENSIONES podemos garantizar pensiones dignas y sus pagos mensuales, ajustadas a la inflación reinante y sustentable en el tiempo.

En definitiva Sres. magistrados, hemos acudido hoy con estas reflexiones a este máximo Tribunal de la República para pedirles  que piensen muy bien la decisión que vayan a tomar con respecto a esta Ley, la cual vendría a hacer un poquito de justicia social con nuestros ancianos y que la Constitución que nos dimos el 15-12-1.999, impulsada por el Presidente fallecido Chávez, protege y ampara los derechos de nuestros adultos mayores, especialmente los referidos a la seguridad social, tal como lo consagran los artículos 80 y 86 de dicha Carta Magna, así como también establece con firmeza el principio de la Progresividad de los Derechos.

Por cierto el artículo 80 de la CRBV, establece que ninguna pensión ni jubilación debe ser inferior al salario mínimo, es decir, éste es el piso por debajo del cual no deben existir pensiones ni jubilaciones, quedando abierto el techo para que quien haya cotizado más a la seguridad social, tenga un mayor beneficio. No podemos condenar a los pensionados y jubilados a recibir por secula seculorum  un salario mínimo, eso no lo establece el artículo 80 de la constitución. Y los bonos tienen que ser vistos como una compensación salarial dada la precariedad del monto de la pensión y/o jubilación percibida, por ello entra en lo que hemos definido constitucionalmente dentro del principio de la progresividad de los derechos. Siendo así entonces, no hay razón alguna para  negarles este derecho a miles de trabajadores pensionados y/o jubilados que lo requieren, que lo necesitan, siendo que éste beneficio ya lo disfrutan algunos sectores de jubilados de la administración pública, incluyendo a los jueces y magistrados de la República, con salarios superiores a uno, dos o tres salarios mínimos, y que para cobrar dichos bonos no tuvieron que pasar por el tamiz  o filtro que tenemos que pasar los que hoy lo estamos exigiendo, especialmente los pensionados del IVSS, que carecen de jubilación por que trabajaron en la empresa privada exclusivamente o por cuenta propia.

Pues bien Sres. Magistrados, no retrocedamos en los avances que se dieron desde un principio en esta materia; de nuestras actuaciones depende como seamos vistos por la historia, por los conciudadanos, por los más allegados, por nuestros familiares y por nuestros hijos, luego que ya no estemos  en el cargo que hemos  ostentado y si ha sido un alto cargo como el de Magistrado de la República, más aún.

Sin otro particular a que hacer referencia, nos suscribimos de Uds.

Atentamente,

(Siguen firmas de integrates del Comité)



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