Antulio Rosales
Hace un tiempo escribí sobre el acuerdo del gobierno venezolano con empresas chinas para crear Zonas Económicas Especiales en territorio nacional. Poco se sabía en ese momento acerca de los detalles del acuerdo. No aparecieron en Gaceta Oficial, pero dos meses después, con la aprobación expresa de un número aún incierto de Leyes por la vía Habilitante, aparece un instrumento legal que permite la creación de estas Zonas.
El gobierno venezolano se habría estado comprometiendo con China en septiembre a constituir Zonas de producción bajo tratamiento especial para sus empresas meses antes de que existiera un marco legal que lo permitiera. Cabe preguntarse si Maduro estaba al tanto de que firmaba convenios que contravenían el marco jurídico nacional. ¿Cuál habrá sido la intención de suscribirlos antes de siquiera tener una Ley que los contemplara? Como es poco lo que se conoce acerca de los convenios, éstos son quizás simples declaraciones de intención mientras se aprobaba la Ley.
Se abre así un espacio de especulación, pero lo que sí está claro es que en estos dos meses han ocurrido acontecimientos relevantes para la relación entre ambos países. Primero, el precio del petróleo ha bajado considerablemente. Ello provocó la renegociación de los términos de la deuda que Venezuela tiene con China. Una deuda que se paga con envíos de petróleo diarios, contados al precio de mercado, aumenta si el producto con el que se paga tiene una merma en su valor. Venezuela habría tenido que elevar su envío de petróleo si quería cumplir su compromiso y evitar la cesación de pagos. Quizás elevar el volumen de exportación sería muy oneroso o incluso imposible dada la capacidad instalada para la producción. Así, Venezuela solicitó efectivamente una renegociación de la deuda que flexibilizara sus términos. Fueron semanas de discusiones entre diversos analistas sobre los distintos grados de bancarrota, y así Venezuela siguió honrando a sus acreedores de Wall Street, pero reestructuró su deuda con China.
Luego, Maduro anunció que el ministro de economía y finanzas, Rodolfo Marco Torres, iría pronto a China a buscar nuevos acuerdos de financiamiento. Otros acuerdos siguen aflorando, sobre todo en la importación de bienes y construcción de hogares y escuelas. Tiempo atrás, Maduro había enfatizado que los préstamos provenientes de China no implicaban condiciones. Se refería a ciertas condiciones que caracterizaron las deudas con el FMI y el Banco Mundial en los noventa: “el financiamiento que nos da China no está condicionado a paquetes económicos, ni a paquetes de sometimiento social, ni a negación de derechos fundamentales de nuestro pueblo”. Cualquier deuda, más una que asciende los 50 mil millones de dólares tiene condiciones para el que la adquiere. Y la primera y más básica para Venezuela es que paga con petróleo. Luego, hay otras condiciones hasta ahora desconocidas.
El off-shore que suponen las ZEE podrían ser parte del paquete de condiciones que impone China para continuar los empréstitos y flexibilizar los existentes, ante la baja de la cesta de crudo venezolano. A eso hay que sumar como condiciones suaves los ingentes contratos que adquieren empresas chinas para la construcción, pero también la importación masiva de productos de línea blanca, marrón, vehículos particulares y de transporte.
Haciendo una revisión de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo de la Patria (sí, así se llama), ésta estipula además de la exención de impuestos, liberación de restricciones aduaneras para la importación de materia prima y otros estímulos, la obligación de ‘satisfacer el mercado interno’. Sin embargo, las empresas operativas solo podrán vender sus productos a la limitada cadena de empresas del Estado o cadenas establecidas por las propias empresas, sus casas matrices, o destinar la producción a la ‘libre exportación’. Manera rebuscada de decir que están ahí para exportar. Así que se trata de enclaves de producción para la exportación y el comercio intra-industria (de vuelta a China), con total salvaguarda y exención de obligaciones normalmente impuestas por el Estado nacional. Este tipo de arreglos producen pocos beneficios si requieren bienes de capital y materia prima importada, ya que no generan encadenamientos productivos en las zonas donde están instaladas y, además, ni siquiera generan tributos al Estado. Escasamente proveerán ciertos empleos locales que las propias compañías consideren necesarios.
Es cierto, China en su papel de financista no impone que el Estado se ajuste a los fundamentos macroeconómicos del libre mercado; esa no es su agenda, al menos por ahora. Va más allá, obliga la efectiva retirada del Estado de manera selectiva para que sus empresas produzcan y exporten desde el territorio venezolano sin costo u obstáculo alguno.
[Tomado de https://fueraderadar.wordpress.com/2014/12/03/off-shore-como-condicion-zonas-economicas-especiales-y-los-prestamos-chinos/.]
Hace un tiempo escribí sobre el acuerdo del gobierno venezolano con empresas chinas para crear Zonas Económicas Especiales en territorio nacional. Poco se sabía en ese momento acerca de los detalles del acuerdo. No aparecieron en Gaceta Oficial, pero dos meses después, con la aprobación expresa de un número aún incierto de Leyes por la vía Habilitante, aparece un instrumento legal que permite la creación de estas Zonas.
El gobierno venezolano se habría estado comprometiendo con China en septiembre a constituir Zonas de producción bajo tratamiento especial para sus empresas meses antes de que existiera un marco legal que lo permitiera. Cabe preguntarse si Maduro estaba al tanto de que firmaba convenios que contravenían el marco jurídico nacional. ¿Cuál habrá sido la intención de suscribirlos antes de siquiera tener una Ley que los contemplara? Como es poco lo que se conoce acerca de los convenios, éstos son quizás simples declaraciones de intención mientras se aprobaba la Ley.
Se abre así un espacio de especulación, pero lo que sí está claro es que en estos dos meses han ocurrido acontecimientos relevantes para la relación entre ambos países. Primero, el precio del petróleo ha bajado considerablemente. Ello provocó la renegociación de los términos de la deuda que Venezuela tiene con China. Una deuda que se paga con envíos de petróleo diarios, contados al precio de mercado, aumenta si el producto con el que se paga tiene una merma en su valor. Venezuela habría tenido que elevar su envío de petróleo si quería cumplir su compromiso y evitar la cesación de pagos. Quizás elevar el volumen de exportación sería muy oneroso o incluso imposible dada la capacidad instalada para la producción. Así, Venezuela solicitó efectivamente una renegociación de la deuda que flexibilizara sus términos. Fueron semanas de discusiones entre diversos analistas sobre los distintos grados de bancarrota, y así Venezuela siguió honrando a sus acreedores de Wall Street, pero reestructuró su deuda con China.
Luego, Maduro anunció que el ministro de economía y finanzas, Rodolfo Marco Torres, iría pronto a China a buscar nuevos acuerdos de financiamiento. Otros acuerdos siguen aflorando, sobre todo en la importación de bienes y construcción de hogares y escuelas. Tiempo atrás, Maduro había enfatizado que los préstamos provenientes de China no implicaban condiciones. Se refería a ciertas condiciones que caracterizaron las deudas con el FMI y el Banco Mundial en los noventa: “el financiamiento que nos da China no está condicionado a paquetes económicos, ni a paquetes de sometimiento social, ni a negación de derechos fundamentales de nuestro pueblo”. Cualquier deuda, más una que asciende los 50 mil millones de dólares tiene condiciones para el que la adquiere. Y la primera y más básica para Venezuela es que paga con petróleo. Luego, hay otras condiciones hasta ahora desconocidas.
El off-shore que suponen las ZEE podrían ser parte del paquete de condiciones que impone China para continuar los empréstitos y flexibilizar los existentes, ante la baja de la cesta de crudo venezolano. A eso hay que sumar como condiciones suaves los ingentes contratos que adquieren empresas chinas para la construcción, pero también la importación masiva de productos de línea blanca, marrón, vehículos particulares y de transporte.
Haciendo una revisión de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo de la Patria (sí, así se llama), ésta estipula además de la exención de impuestos, liberación de restricciones aduaneras para la importación de materia prima y otros estímulos, la obligación de ‘satisfacer el mercado interno’. Sin embargo, las empresas operativas solo podrán vender sus productos a la limitada cadena de empresas del Estado o cadenas establecidas por las propias empresas, sus casas matrices, o destinar la producción a la ‘libre exportación’. Manera rebuscada de decir que están ahí para exportar. Así que se trata de enclaves de producción para la exportación y el comercio intra-industria (de vuelta a China), con total salvaguarda y exención de obligaciones normalmente impuestas por el Estado nacional. Este tipo de arreglos producen pocos beneficios si requieren bienes de capital y materia prima importada, ya que no generan encadenamientos productivos en las zonas donde están instaladas y, además, ni siquiera generan tributos al Estado. Escasamente proveerán ciertos empleos locales que las propias compañías consideren necesarios.
Es cierto, China en su papel de financista no impone que el Estado se ajuste a los fundamentos macroeconómicos del libre mercado; esa no es su agenda, al menos por ahora. Va más allá, obliga la efectiva retirada del Estado de manera selectiva para que sus empresas produzcan y exporten desde el territorio venezolano sin costo u obstáculo alguno.
[Tomado de https://fueraderadar.wordpress.com/2014/12/03/off-shore-como-condicion-zonas-economicas-especiales-y-los-prestamos-chinos/.]
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