Foro por la Vida
(Caracas, 10.10.2014) La coalición de organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos venezolanas, que conforman el Foro por la
Vida, queremos expresar nuestro rechazo a la creciente militarización que
experimenta la sociedad venezolana la cual lesiona diferentes derechos humanos
y genera las condiciones para otras violaciones.
Ley de registro y alistamiento
En la Gaceta Oficial Nº 40.440 del 25 de junio de 2014 se
publicó la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la
Nación. Esta ley implica que todas las personas, y empresas pública deben
inscribirse en obligatoriamente en el Registro para la Defensa Integral. Además
obligan a los órganos y entes, públicos o privados a solicitar la constancia de
inscripción en este registro antes de cualquier contratación.
Este registro es inconstitucional, pues ignora lo
establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)
en su artículo 134, que establece la posibilidad de prestar un servicio de
naturaleza civil para la defensa, preservación y desarrollo del país. Al
respecto la Organización de Naciones Unidas ha establecido que un servicio
alternativo al servicio militar debe ser de carácter civil, fuera de la esfera
militar y no bajo órdenes de las Fuerzas Armadas.
Por ello, el
establecimiento de un registro militar debe ser exclusivamente para las
personas que opten por prestar el servicio militar y no para la totalidad de
las personas naturales o jurídicas del país. Esta decisión, de carácter
inconstitucional, tergiversa el derecho a la objeción de conciencia y la
prestación de un servicio alternativo. Además, las penas por su incumplimiento
niegan los derechos a la educación, trabajo y libre tránsito.
Brigadas: fuerzas de choque
En segundo lugar expresamos nuestra preocupación por la
reciente creación de las brigadas denominadas “Fuerzas de Choque”, que según
declaraciones del Vicepresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento,
Néstor León Heredia (PSUV), tendrá como objetivo “combatir planes de
desestabilización que perturben el país” y se integrará a otras instancias de
gobierno en materia de seguridad ciudadana y control de orden público como el
Plan Patria Segura. La “Fuerza Choque” se suma a las recién creadas Brigadas Especiales
contra los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), los Cuerpos de Combatientes
y las Milicias Obreras, Campesinas y Estudiantiles.
Al otorgar funciones de seguridad interna tanto a las
Fuerzas Armadas como a los grupos militarizados se desacata el artículo 332 de
la CRBV que expresa que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter
civil y se generan condiciones para potenciales violaciones a los DDHH.
Juicios militares a civiles
Queremos rechazar, asimismo, el uso de instalaciones y
tribunales militares para privar de libertad y enjuiciar a civiles detenidos en
el contexto de manifestaciones, ignorando el artículo 261 de la Carta Magna,
que establece que la competencia de los tribunales militares se limita a
delitos de naturaleza militar. Este mecanismo se utiliza no solamente para
quienes han participado en manifestaciones: advertimos que existe una línea
jurisprudencial en la sala penal del TSJ de enjuiciar a civiles en los tribunales
militares por diversos delitos.
Gasto militar
La situación de crisis económica y falta de divisas para
facilitar el ingreso de productos esenciales, como las medicinas y los
alimentos, debe motivar a que el Estado venezolano revise el dinero destinado
al funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la compra de armas. Según la Ley de
Presupuesto 2014 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa fue la quinta
institución que más recibió dinero, muy por encima de otras que vigilan la
garantía de los derechos sociales como salud, alimentación, vivienda y cultura.
Por otra parte según datos del Instituto de Investigaciones
por la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus cifras en inglés), Venezuela es el
segundo país de la región que más ha gastado en armamento en los últimos años.
Por último deploramos que el presidente de la República y
voceros del alto gobierno mantienen un lenguaje de confrontación basado en
metáforas y alusiones provenientes del mundo militar. La construcción de
canales para el diálogo democrático, el consenso y el entendimiento pasa por el
respeto de todos los actores y sectores de la sociedad.
Exigencias
Ante estos hechos el Foro por la Vida exige al Estado
venezolano que restablezca el papel del Ejército, la Armada y la Aviación en la
planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para
asegurar la defensa de la Nación. Conforme al artículo 338 de la CRBV las
fuerzas militares debe estar “al servicio exclusivo de la Nación y en ningún
caso al de persona o parcialidad política alguna.”
El ejecutivo nacional debe instruir a los altos mandos
militares para que se abstengan de diseñar políticas y planes que contemplen
escenarios que consideren la figura del “enemigo interno” o doctrinas que
desplacen a los funcionarios civiles en las tareas de garantizar la seguridad
ciudadana.
Exhortamos a Presidente de la República a excluir de su
discurso el lenguaje de la confrontación militarista que estimula un modelo de
dominación sobre los conciudadanos que tienen ideas políticas distintas a las
de sus partidarios. Igualmente le exhortamos a definir una política que
propicie un diálogo genuino que reconozca la diversidad de ideas que coexisten
en la sociedad.
Suscriben:
Acción Ciudadana Contra el Sida
Acción Solidaria
Centro de Derechos Humanos de la Universidad católica Andrés
Bello
Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la
Mujer
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad
Central de Venezuela
Cofavic
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de
Venezuela
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Venezolana de
Religiosos
Espacio Público
Justicia y Paz Cáritas Los Teques
Observatorio
Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Provea
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