Cárceles venezolanas: ¡El horror! ¡El horror!...

Provea

En la prensa nacional[10] durante 2013 se reportó la pérdida de la vida dentro de establecimientos penitenciarios en Venezuela de 248 personas[11] privadas de libertad, esto significó un aumento porcentual con respecto a 2012 de 2,9%, siendo el mes de enero el más violento debido a la llamada “Masacre de Uribana”.

En relación a los heridos, se reseñaron aproximadamente 226 casos, lo que representa una disminución con respecto al año anterior de 46,1%, explicado principalmente por el cierre de la Cárcel de Uribana, donde se realizaba la práctica de “coliseo” que producía un alto porcentaje de lesionados[12].

Los internos que perdieron la vida se caracterizan por ser en su totalidad del sexo masculino y con edades predominantemente menores de 28 años, es decir, jóvenes, siendo una muestra de la población penitenciaria en general del país.

La mayoría de estas muertes (71,9%) se cometieron utilizando armas de fuego, siendo el principal indicador de que los planes de desarme por parte de la administración penitenciaria no han sido eficientes. Se reportaron casos de motines en los que los internos utilizaron granadas, chalecos antibalas y armas de alto calibre.

Llama la atención que 12,7% de las muertes se hayan producido con altos niveles de violencia, utilizando simultáneamente diversos recursos como balas, puñaladas, desmembramiento y ahorcamiento, reportándose casos en los que fotos de los fallecidos circularon por internet (redes sociales). Se reseñan casos en los que las heridas de los internos demuestran las torturas a que son sometidos por parte de otros internos.

Las circunstancias en que se produjeron estas muertes se presentan en el cuadro siguiente.

Se observa en comparación con el año anterior:

• Aumento de los casos de muertes por intentos de fuga (de 3 casos a 12), donde se presume un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
encargados de la seguridad externa del establecimiento (práctica de la llamada “ley de fuga”).

• En 2013 no se reportaron casos de muertes relacionados con la práctica del “coliseo” como ocurrió el año anterior.

• Continúan las muertes por violar las normas establecidas por la “subcultura carcelaria”, es decir, los líderes (pranes) “ajustician” a su antojo a todos aquellos que consideran violan el código establecido por ellos mismos, que tienen en su poder las armas y el manejo del negocio de la venta de drogas, haciendo uso de la violencia para someter a la mayoría de la población, demostrándose así que en los establecimientos donde se producen estas muertes hay ausencia de “régimen penitenciario” por parte de la administración penitenciaria. Por ejemplo, el interno que no paga la cuota semanal a los líderes (en el argot penitenciario: “la causa”, “el obligaíto”, “la vacuna”) corre el riesgo de perder la vida. Esto es una situación conocida por la administración penitenciaria.

Entre el 25 y el 27 de enero de 2013 se produjo en la Cárcel de Uribana del estado Lara una grave situación violenta en la que fallecieron 59 internos y 126 resultaron heridos. En diciembre de 2013 estos hechos aún se encuentran en investigación y a la espera de justicia para las víctimas. La situación presuntamente tuvo origen en la programación de una requisa por parte del MPPSP que fue conocida antes de su aplicación por parte de los internos; esto produjo una riña en la que los líderes ajusticiaron a otros internos acusándolos de proveer información a las autoridades. En estas riñas murió el líder principal (pran) lo que originó luego una lucha por el control del centro penitenciario entre los internos. Ante esta situación, la GNB ingresó a la fuerza para recuperar el control del centro penitenciario. Finalmente, se produjo el desalojo de este establecimiento. La mayoría de los internos que fallecieron fue por heridas producidas por armas blancas, otros por armas de fuego y explosivos (granadas)[13].

En este caso la responsabilidad de las autoridades debe ser establecida, considerando que es su deber garantizar el derecho a la vida como prioridad en un establecimiento penitenciario que se encuentra bajo su custodia, bien sea por acción u omisión:

• Para el momento en que ocurre el suceso la Cárcel de Uribana tenía una capacidad instalada para 790 internos y había 2.498, representando un hacinamiento de 216% y una sobrepoblación de 1.708 internos.

• Durante los sucesos se observó que las autoridades intentaron politizar el tema[14], evadieron responsabilidades acusando a los medios de comunicación de lo sucedido[15] y no suministraron información oportuna a las víctimas (familiares) y a la sociedad en general ante un hecho de tal gravedad.

• La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a través de su portavoz Rubert Colville, exigió investigación y responsabilizó al Estado por la violencia carcelaria en Venezuela. Igualmente mediante un escrito se pronunció Amnistía Internacional instando a las autoridades venezolanas a tomar medidas urgentes para enfrentar la grave crisis carcelaria en el país[16].

Luego de finalizada la requisa las autoridades del MPPSP [ Ministerio del P.P. para los Servicios Penitenciarios] presentaron la siguiente relación de armas encontradas dentro del establecimiento: 27 revólveres, 5 escopetas, 62 pistolas, 4 subametralladoras, 8 fusiles, 4 chopos, 1 rifle, 12 granadas, 12 bombas lacrimógenas, 4 cintas eslabonadas, 1 corredora, 108 cargadores para pistola, 24 para fusil y 2 para escopeta, y 8.568 municiones de diferentes calibres.

Para diciembre de 2013 se habían constituido comisiones de investigación de los sucesos de la llamada “Masacre de Uribana” en la Asamblea Nacional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo[17]. En septiembre, el director de la cárcel fue imputado por los delitos de quebrantamiento de tratados internacionales, uso indebido de arma de fuego y lesiones. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos delitos, se le dictó una medida sustitutiva y es juzgado en libertad.

Los centros penitenciarios más violentos durante 2013 fueron Uribana, Sabaneta y Tocorón, en los cuales se produjeron 56,9% de las muertes. (Ver primer cuadro).

Ante la situación de alta violencia que se venía produciendo en la Cárcel de Sabaneta, la evidente falta de control del Ejecutivo y luego de que el 16.09.2013 ocurriera una riña entre internos por el control del establecimiento, en la que fallecieron 16 personas, las autoridades del MPPSP decidieron mediante el diálogo y de forma pacífica desalojar y clausurar de manera exitosa esta cárcel en la que había 3.424 internos en condiciones de hacinamiento[18].

Se produjeron durante todo el año protestas en diversas cárceles por parte de los internos demandando mejores servicios, traslados a otros centros, denunciando abusos de autoridad, maltrato a la visita, solicitud de visita conyugal y principalmente celeridad en los procesos penales. Las modalidades de la protesta incluyeron huelgas de hambre, autosecuestro de la visita, secuestro de funcionarios, cosido de labios y autolesionarse con heridas cortantes en el cuerpo. Por ejemplo, el parte médico de los heridos recibidos de la cárcel de Vista Hermosa el 04.0413 señala que éstos presentaban politraumatismos, excoriaciones en sus cuerpos y estado de desnutrición producto de 25 días en huelga de hambre para exigir traslado a la cárcel de Yare.

Por otra parte, la situación en los centros de detención policiales del país no es nada alentadora, y se ha agravado con respecto a lo planteado en 2012. Allí también se presentaron hechos de violencia como motines, riñas entre internos, muertes y heridos por armas de fuego y blancas, huelgas de sangre, fugas y enfrentamientos con las autoridades. Estos hechos se relacionan con los índices de hacinamiento producto de la aplicación de planes de seguridad como “Patria Segura”, basado en acciones de encarcelamiento, aunado a una política judicial de no trasladar oportunamente a los detenidos a los centros penitenciarios, alegándose que no hay capacidad (cupos) en estos últimos, es decir, se ha trasladado el problema de sobrepoblación de las cárceles a los retenes policiales que deben ser de uso provisional y por tanto, no cuentan con las condiciones mínimas para garantizar los derechos humanos de los privados de libertad y mucho menos para cumplir con el régimen penitenciario que dispone la ley.

Situación que se presentó durante el año en diversas comisarías policiales es la denunciada por el comisario David Rodríguez, director del Centro de Coordinación de la Policía Municipal de Anaco, quien declaró el 14.10.2013: “Enviamos 25 solicitudes de traslados para la cárcel de Puente Ayala hace algunas semanas, de las cuales el tribunal de El Tigre aprobó tres nada más, confiamos en que los jueces nos ayuden. Tenemos personas presas desde hace tres años y aún no tienen respuestas”.

De acuerdo a declaraciones en prensa nacional de algunos directores de estos centros de detención, se denuncia hacinamiento y durante el año se reportaron protestas por parte de los detenidos, destacando las huelgas de sangre en diversas comandancias policiales de los estados denunciando hacinamiento, insalubridad y retardo procesal que produjeron gran cantidad de heridos.

Se reseñaron en la prensa nacional 46 muertes de privados de libertad en centros de detención policiales, lo que significa un aumento porcentual de 155,6% con respecto a 2012. Igualmente aumentó el número de heridos pasando de 27 a 149 heridos en retenes policiales (451,9%). Junio, septiembre y octubre fueron los meses más conflictivos. Por ejemplo, hasta octubre de 2013 se produjeron 51 motines en centros de coordinación policial dependientes de la Policía de Lara.

Los centros de detención policiales con más fallecidos son Polimonagas (26,1%), el Retén de Guasina (17,4%) y el CDJ de Amazonas (13,0%).

Notas:

10. PROVEA no tuvo acceso a datos oficiales, estos no son publicados por el Gobierno Nacional.

11. Esta cifra está muy por debajo de la presentada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (506 personas), que utiliza diversas fuentes de información. PROVEA reporta solamente los casos presentados en la prensa nacional, contando con un registro por nombre y apellido de las víctimas.

12. PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe anual 2012.

13. Correo del Orinoco: “Gobierno repudia hechos violentos ocurridos en Uribana” [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/gobierno-repudia-hechos-violentos-ocurridos-uribana/> Consulta del 12.01.2014

14. Janet Queffelec. “Varela no descartó que factores políticos estén jugando a encender los penales”. En: Correo del Orinoco, 31.01.2013, Pág. 7.

15. Alexander Escorche. “Varela acusó a Globovisión y El Impulso de provocar violencia en Uribana”. En: Correo del Orinoco, 26.01.2013, Pág. 7.

16. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas: Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresa preocupación sobre motín en cárcel venezolana [en línea] <http://acnudh.org/2013/01/acnudhexpresa-preocupacion-sobre-motin-en-carcel-venezolana/> Consulta del 15.01.2014

17. Asamblea Nacional: “AN y Defensoría del Pueblo analizaron sucesos de Uribana [en línea] <http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/2454> Consulta del 12.01.2014

18. El cierre de esta cárcel repercutió sobre el descenso en las extorsiones ocurridas en Zulia, de acuerdo al Secretario de Seguridad de la Gobernación. Disminuyeron de 746 casos en 2012 a 335 en 2013. En: El Nacional, 20.12.2103, C-10.

[Fragmento del Informe Anual Provea 2014, pp. 415-421. Texto completo accesible en www.derechos.org.ve.]