Redes sociales y medios digitales: ¿Alternativa comunicacional en Venezuela?

Por Raisa Urribarri

Investigadora de la ULA

Una vez cooptados por el gobierno, los medios alternativos dejaron de cumplir su rol tradicional. Por eso los medios digitales y redes sociales ocupan su lugar en la mira de la cruzada hegemónica

En este ensayo se revisan algunos de los cambios que están ocurriendo en Venezuela en el campo de la comunicación alternativa tomando en cuenta elementos políticos y tecnológicos. Aunque las características de los medios de comunicación alternativa son muchas y muy variadas, en este trabajo se hace énfasis en dos de ellas: su carácter contra hegemónico y la apertura que brindan a la expresión plural. Se examinan algunas de las transformaciones ocurridas en el ecosistema mediático gracias a las innovaciones tecnológicas y se asoma la siguiente hipótesis: habiendo sido cooptados por el gobierno, en Venezuela los medios alternativos dejaron de cumplir con su rol tradicional; como consecuencia, medios digitales y redes sociales comenzaron a ocupar su lugar y a estar en la mira de la cruzada hegemónica.

 Tratar de despejar la interrogante que plantea este ensayo comienza por precisar algunas de las  características de la comunicación alternativa. Entre otros aspectos, ésta se distingue porque procura fomentar la iniciativa emisora, desatar un proceso de comunicación participativo, diversificar o descentralizar los medios o canales de comunicación y, finalmente, por articular orgánicamente un proceso de comunicación al servicio de una nueva sociedad.  (Bisbal, M. en Fuentes Navarro, 1992). Más concretamente, dicho por Vidal Beneyto (1979), lo alternativo puede encararse desde múltiples ángulos, pero lo que funda su diferencia esencial es su oposición a lo dominante. O, en palabras de  Aguirre Bianchi (1986), alternativos son los sistemas de comunicación que incorporan nuevos actores y nuevas voces al diálogo colectivo (o polílogo) que ocurre en la sociedad. Podría entenderse como reductora la selección de este par de rasgos, entre otros que también se pueden vislumbrar, pero se enfatiza en ellos pues sirven para tratar de bosquejar la situación que se observa en  Venezuela.

Lo que la polarización se llevó

Enraizados en los sucesos que marcaron la historia política y las luchas reivindicativas de los sectores populares de las décadas de los 70 y 80,  Venezuela, al igual que otros países de América Latina, vivió una explosión de medios de comunicación alternativos. A pesar de las notables diferencias entre ellos, era posible homologar sus objetivos y fines:  ser contraste, hacer oposición al poder -encarnado tanto por el sistema comunicacional privado como por el  estatal- y, más allá de las discrepancias sobre su politización, ser expresión de vocerías minoritarias usualmente invisibilizadas.

En esa época, la mayoría de estos medios eran impresos y de factura casi artesanal. A principios de 1999 sólo dos pequeñas estaciones de televisión comunitaria, Teleboconó y Rubio TV, tenían licencias para operar sus estaciones, junto con un puñado de emisoras de radio ilegales, como Radio Catia Libre de Caracas, que funcionaba desde un vehículo en movimiento para evitar su detección.     

 

En junio del año 2000, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), al reconocer la existencia de las emisoras de radio y TV comunitarias, abre las puertas a su legalización y en noviembre del año siguiente se promulga un reglamento que norma su desempeño. Al calor de los sucesos políticos del momento, y gracias a la política de hegemonía comunicacional del gobierno, abiertamente expresada por el ministro de Información y Comunicación[1], durante la primera década del Siglo XXI los medios alternativos cobran auge y se reconfiguran[2]: La mayoría se convierte en altavoz oficial.

Diversos estudios apoyan esta afirmación. Rodríguez y Velazco (2009), quienes analizaron el desempeño de cuatro emisoras comunitarias del municipio Guaicaipuro del estado Miranda, concluyeron que sus fundadores se identifican abiertamente con el oficialismo lo cual, según la opinión de la audiencia, influye sensiblemente en la programación.

Una tesis de grado, referida a la participación ciudadana en la gestión de las radios comunitarias del estado Táchira, también arroja como resultado que “existe una tendencia a limitar espacios para aquellas personas que no están de acuerdo con las políticas del gobierno…” (Mora, 2010: 145)

 Una investigación sobre las radios comunitarias del municipio Maracaibo del estado Zulia, observa igualmente que “la programación transmitida en las emisoras comunitarias revela la presencia de proselitismo político, mayormente en apoyo a la gestión del presidente Chávez” (Abreu et al, 2010: 27).

En Trujillo, un conjunto de estas emisoras conforma una red definida como “socialista y revolucionaria” que, entre otros mecanismos, se vale de las cadenas  para transmitir el programa que conduce semanalmente el Gobernador del estado, dirigente del PSUV.

Lamentablemente, aunque estos medios representan un circuito de radiodifusión novedosa, se haría necesaria su independencia para merecer  el calificativo de alternativos. Como afirma Madriz (2010), en Venezuela nunca los movimientos de comunicación alternativa disfrutaron de tanto apoyo, pero -al mismo tiempo- nunca antes habían ejercido el rol de ser estaciones repetidoras del discurso oficial.  Peor aún, sentencia la investigadora:   nunca habían  estado tan cerca de desaparecer.  

Comunicación, TIC y movimientos sociales

La comunicación a través de medios digitales y redes sociales se ha venido convirtiendo en una práctica cotidiana de los cada vez más numerosos usuarios de tecnologías de información y comunicación (TIC). En estos entornos los temas son múltiples, pero es posible observar uno que en el contexto actual cobra relevancia: la llamada infociudadanía, vale decir, la expresión de una identidad política virtual que se entrecruza con la que el ciudadano ya posee en los espacios fuera de línea, pero que expande sus alcances (Puyosa, 2008).  Según Varela (citado por Rojano, 2009), el activismo social o la  vocación de intervenir en la realidad desde la conversación virtual es uno de los rasgos más importantes y distintivos de la blogosfera.

Sin duda, los cambios ocurridos en los sistemas de comunicación han impactado la esfera política. Como ha señalado Fernández (2011: 39): Hace ya algunos años, una importante firma consultora identificó una tendencia con implicaciones globales: un adulto típico veía el doble de TV que su hijo adolescente, y éste a su  vez pasaba seis veces más tiempo en la Red que el padre. Ese indicador, tan  simple y a la vez tan poderoso, nos describe un patrón de consumo de la información que alterará drásticamente toda la comunicación que hasta ahora habíamos conocido, con implicaciones muy claras en el mundo de la información, el mercadeo y la política.

Recientes estudios, como los del profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Nelson Manrique, muestran que el uso de Internet comienza a ser relevante en el ámbito político latinoamericano. En una encuesta realizada a principios del año 2011 en la zona metropolitana de Lima se detectó que “un  56.2% de los consultados la utiliza para informarse o para formarse una opinión acerca de temas políticos. Usan la red de redes para discutir o para ponerse en contacto con personas que les interesan políticamente un 32.3% de los usuarios, y quienes manifiestan haber participado o participar actualmente en campañas políticas, de defensa de los DDHH, ecológicas o en otro tipo de activismo ascienden a un 16.6%”[3]

La incidencia de los nuevos medios en el campo de la política se percibe en diversos ámbitos, incluido el de las protestas populares que son las que han llevado el tema a la arena pública. Aunque con las ocurridas en Moldavia e Irán y, posteriormente, con las manifestaciones que desembocaron en la caída de los dictadores de Túnez y Egipto a principios del 2011, la causalidad entre el uso de los medios digitales y la explosión de los movimientos sociales cobró relevancia, su impacto aún no está claro y es objeto de polémica.

Como relata el sociólogo Manuel Castells, el proceso en Túnez siguió la siguiente pauta: Un hecho dramático desborda la indignación, suscita manifestaciones que reprime la policía y de inmediato las imágenes de represión y los mensajes de protesta se difunden en las redes sociales amplificando el movimiento hasta que los medios de comunicación no controlados por el Gobierno  informan y retransmiten las imágenes y mensajes que cuelgan los manifestantes en YouTube y otras webs. Conforme se difunde la protesta, se activan las redes móviles, los SMS, los twitts y las páginas en Facebook y otras redes, hasta construir un sistema de comunicación y organización sin centro y sin líderes, que funciona con suma eficacia, desbordando censura y represión. (Castells, 2011) [4]

Según el investigador,  la de Túnez fue “una de una revuelta cogenerada sin estrategia central” impulsada por un nuevo sistema de comunicación construido como mezcla interactiva y multimodal entre televisión, Internet, radio y plataformas de comunicación móvil.  Sin esa nueva forma de comunicación -asegura- que permitió la interacción y expuso al mundo las protestas, la revolución tunecina no hubiera tenido las mismas características: su espontaneidad, la ausencia de líderes, el protagonismo de estudiantes y profesionales, junto con los políticos de la oposición y los sindicatos jugando un papel de apoyo cuando el proceso estaba en marcha.

En efecto, aunque no sea posible establecer causalidades entre el impacto real de los nuevos medios en las protestas populares, es innegable que éstos constituyen una valiosa herramienta en manos de los ciudadanos que confrontan hegemonías.

En contraposición, también hay quienes sostienen, como Morozov (2011),  que por sí mismo Internet no provee nada cierto, de hecho, como ha resultado obvio, en demasiados contextos es evidente que aumenta el poder de los fuertes y reduce el poder de los débiles.[5] Como ha dicho McLaughlin [6] (2011), los gobiernos pueden censurar, pagar a falsos comentaristas para que redirijan la conversación hacia donde les interesa, y espiar a los opositores. Esto último constituye la forma de control más efectiva para los Estados y la más peligrosa para los activistas, pues cuando arrestan a alguien de forma arbitraria, envían la señal de que el activismo en las redes sociales te puede causar problemas.

La ampliación del acceso a la Internet pone a los regímenes autoritarios en una seria disyuntiva. Por ello algunos gobiernos, interesados en brindar y mantener una fachada democrática, optan en un primer momento por el acoso y la intimidación a los díscolos usuarios, pero cuando ya la espiral se desborda, viene el bloqueo. En el caso egipcio, esto fue evidente. Al iniciarse las revueltas, tanto Twitter como Facebook fueron bloqueados y, posteriormente, todos los accesos a la Internet fueron suprimidos.

Como consecuencia de estos hechos, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano. En su reporte al Consejo[7], el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libre opinión y expresión, Frank La Rue, enfatizó que la promoción del uso de Internet  debía ser una prioridad para los Estados, pues éste no sólo permitía a los individuos ejercer su derecho a la libre opinión y expresión, sino también otros derechos humanos.

Medios, redes y movimientos sociales en Venezuela

¿Qué panorama se observa en Venezuela?  En principio puede afirmarse que es posible apreciar dos expresiones: las que ofrecen las ONG y organizaciones sociales que han incorporado a su quehacer las nuevas herramientas y además brindan capacitación sobre infociudadanía, y una emergente ciberesfera pública compuesta de voces individuales que opinan, se informan, expresan y comunican a través de medios digitales y redes sociales. Aunque estos espacios emergentes parecieran replicar la polarización política que se produce en los medios tradicionales, también es posible descubrir entre ellos discursos no canalizados adecuadamente por el mainstream mediático polarizado.

¿Cómo comprender y calificar estas nuevas prácticas? Según Puyosa (2010: 10),  “la comprensión de los problemas de participación ciudadana y las prácticas políticas emergentes requiere un enfoque que combine una teoría de la sociedad en red y una teoría del uso de las tecnologías de información y comunicación en las dinámicas de acción ciudadana”.

De acuerdo con esta idea, es necesario entonces anotar que la configuración de este nuevo entorno-red depende de la participación de los usuarios, pues ella se da cuando éstos, actuando de manera independiente y descentralizada, generan y/u organizan la información aprovechando la disponibilidad de aplicaciones y servicios web generalmente gratuitos o de bajo costo (O´Reilly, 2005). En otras palabras, se necesitan usuarios. Ciudadanos conectados y activos. En este caso, activos políticamente hablando.

Según las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel, 2011), en Venezuela el número de usuarios de Internet ya sobrepasó los 10 millones de personas y los estudios de la consultora Tendencias Digitales [8] señalan que mayoría de éstos son usuarios de  la Web 2.0. La pregunta que sigue es: ¿Cómo ha impactado este hecho el entorno mediático y político en Venezuela? 

Medios emergentes en emergencia

Mientras el gobierno venezolano avanza en la consolidación de su política de hegemonía comunicacional,  la cual se ha traducido en el cierre de medios,  la reducción de espacios de opinión política en medios privados y en la multiplicación de medios estatales y para estatales en un clima de abierta polarización política que los medios privados también contribuyen a atizar[9], los medios digitales y las redes sociales, especialmente los blogs, Facebook y Twitter, se han venido convirtiendo en espacios de difusión y deliberación de asuntos políticos y sociales.

Aunque investigaciones como la de Bisbal y Nicodemo (2011) realizada entre jóvenes universitarios de Caracas arrojen resultados poco optimistas sobre el uso de las redes sociales, pues “la mayoría de los entrevistados se conecta para mantenerse comunicado, chismear y entretenerse durante los tiempos de ocio”; otras, como la de Puyosa y Delgado (2011), muestran que las relaciones personales y las redes sociales tienen un efecto significativo en la participación en los espacios públicos y en la conformación de la cultura política que pareciera no estar siendo comprendido adecuadamente.

Según estos investigadores, los últimos eventos electorales realizados en el país exponen la emergencia de un elector racional y socializador fuertemente interesado por los asuntos públicos que se caracteriza por disponer de fácil acceso a fuentes de información diversas y personalizadas, usar poco los medios masivos, mantener frecuentes conversaciones sobre política y ser usuario activo de blogs y redes sociales como Facebook y Twitter.

En los primeros días de Internet, la llamada época 1.0, prevaleció una mirada optimista que postulaba que el acceso a Internet inevitablemente conduciría a una mayor democracia. Esta opinión fue reforzada por lo que quizá haya sido el primer ejemplo de “insurgencia cívica” a través de Internet durante el intento de golpe de estado soviético de 1991, cuando todos los medios de comunicación rusos, excepto los grupos de noticias Usenet, fueron cerrados por las autoridades.

Sin embargo, como acotamos, hoy existen fuertes divergencias en torno a la eficacia de Internet como una palanca para la democracia. No solo se cuenta con las advertencias de Morozov (2011), sino con las de Esfandiari (2010) y  Gladwell (2010)  quienes además señalan algo clave: la red, por sí sola, no proporciona la organización o el compromiso sostenido que son necesarios para lograr cambios.

Sobre estas apreciaciones es pertinente destacar que, a pesar del desarrollo tecnológico, de la transformación del ecosistema mediático y de la emergencia de un nuevo modelo de comunicación, permanece vigente, y muy acentuada, la noción de unas prácticas alternativas de comunicación marcadas por una dinámica binaria (hegemonía/contrahegemonía) cuando, por el contrario, la Sociedad de la Información anima a construir una imagen de pluralismo y diversidad.

En esa dirección, destaca Puyosa (2010), pareciera que en Venezuela la web sí constituye un calidoscopio donde es posible conseguir redes constituidas para poner a circular información y compartir puntos de vista diversos con una intención argumentativa y deliberativa.

Desde 2006, advierte la investigadora, se experimenta en Venezuela con iniciativas en red configuradas por acciones distribuidas de ciudadanos interesados en el fomento de la democracia deliberativa con bases en organizaciones de la sociedad civil.

Algunas de las experiencias que se pueden mencionar son: la campaña de blogs para la cobertura de las elecciones presidenciales 2006 (Elecciones en 3D);  el grupo de debate en línea sobre el proyecto de reforma constitucional en 2007 (virtu@lPOLITIK); la video-campaña para promover la participación ciudadana en las elecciones regionales de noviembre 2008 (Voto Consciente); la campaña virtual-real en rechazo a la calificación de gasto suntuario para los servicios de Internet en 2009 (Internet Prioritaria); la campaña vía Twitter  contra la Ley de Delitos Mediáticos (#FreemediaVE) y el movimiento ciudadano #todosenred que defiende la vigencia del decreto 825 que califica el uso de Internet como prioritario para el desarrollo del país.

Una década antes ya esa potencialidad de los medios en línea se podía entrever. Al menos así lo declara el fundador de una de las iniciativas pioneras, analítica, la primera publicación venezolana nacida enteramente en línea: “la intención era establecer una plaza pública en la red, un espacio para que se pudieran expresar personas e ideas totalmente divergentes…” (Peñaloza, 2006: 41)

En la actualidad, en la web social venezolana es posible detectar tendencias de opinión encontradas y a la vez apartadas de las que usualmente conforman la agenda del mainstreammediático bipolar.  En el diálogo que se produce en ese entorno, según Briceño et al (2010), la gente puede contrastar argumentos que ayuden a reforzar sus opiniones o a modificarlas, pero -se advierte- la conversación sobre asuntos públicos no implica movilización. La razón resulta obvia: quienes encarnan esa divergencia no se encuentran, por ahora, organizados.

¿Pueden considerarse los medios digitales y redes sociales como prácticas de comunicación alternativa en el Siglo XXI venezolano?  Aunque el desarrollo de la investigación que adelantamos[10] exigirá la comprobación empírica de una de sus características (su apertura a la expresión plural), por lo pronto nos parece que es posible arriesgar una respuesta afirmativa. Al menos por la reacción que ha tenido el poder.

Una trágica paradoja

La estatización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) en el año 2007 y la reforma de algunas leyes como la de Responsabilidad Social en Radio y TV (Resorte) y la LOT, a finales del 2010, le confieren al Estado la posibilidad de coartar la información que ofrecen los medios de comunicación digitales y la que circula a través de las redes sociales.

En una situación anómala, el Estado es el prestador dominante del servicio de Internet y a la vez su regulador a través de Conatel, un ente cuya tutela ha sido conferida discrecionalmente, mediante decretos presidenciales, a diversos  ministerios y finalmente a la Vicepresidencia de la República.

Si bien es cierto que entre los años 2000 y 2011 el Estado venezolano ha desarrollado un conjunto de programas dirigidos a la ampliación del acceso a la red, cuya penetración ha pasado de un 3,38  a un 36,57 por ciento (Conatel, 2011), es necesario subrayar que la CANTV monopoliza la prestación del servicio y acapara más del 90 por ciento del mercado con una velocidad promedio de conexión menor a un megabit por segundo (1Mbps). Como una especie de trágica paradoja, al tiempo que aumentan las conexiones el acceso a la red se precariza y, además, se revela la intención de controlar la información que circula por medios digitales.

Como evidencia de ello pueden mencionarse algunos hechos emblemáticos. [11] Aunque no se han registrado casos masivos de bloqueo de Internet, luego de nacionalizada la CANTV en el año 2007 comenzaron a registrarse incidentes vinculados con información políticamente sensible.  En enero del año 2010, en cadena nacional, el Presidente de la República instigó a sus partidarios a usar Twitter para contrarrestar a sus opositores; igualmente, medidas de carácter legal se han convertido en formas de coacción dirigidas a promover la autocensura.

El 13 de marzo de 2010, el Jefe del Estado, en una declaración pública, instó a la Fiscalía General de la República a iniciar un procedimiento legal contra el portal Noticiero Digital por la publicación, en uno de sus foros, de información falsa relativa a las muertes del ministro de Obras Públicas y Vivienda y de un connotado comunicador social del partido de gobierno. En su criterio,  “tanto como el que dice las informaciones falsas como el que las deja decir y desarrollar, están cometiendo un delito que es penado con cárcel en cualquier país del mundo” [12]

En su defensa, los editores señalaron algo grave que generó no poca suspicacia: los rumores fueron divulgados por dos foristas que se habían registrado minutos antes de publicarlos.[13] Según ciberactivistas, lo sucedido a Noticiero Digital fue un acto deliberado para generar esa respuesta gubernamental con el fin de amedrentar y provocar la autocensura.

Como consecuencia de estos hechos, la Fiscal General de la República requirió a la Asamblea Nacional legislar sobre el uso de Internet por parte de los medios de comunicación social y el poder legislativo emitió una resolución, publicada en Gaceta Oficial[14], donde se establecía la creación de una comisión para investigar y aplicar sanciones. El Ministerio Público comisionó a una fiscal regional para dirigir una investigación. Como consecuencia, algunos foros y portales de noticias suspendieron sus sistemas de comentarios.

Posteriormente, también durante el año 2010, el Presidente de la República nuevamente se pronunció  en contra de Noticiero Digital. En cadena nacional de Radio y TV lo acusó  de publicar contenidos, en este caso un artículo de opinión[15] que incitaba a un golpe de Estado y exigió una investigación penal. El Ministerio Público asignó a dos fiscales para que iniciaran una investigación. Hasta ahora los resultados de las averiguaciones a Noticiero Digital se desconocen.

En julio de ese mismo año, las autoridades policiales detuvieron a dos personas por estar presuntamente involucradas en la difusión, vía Twitter, de falsos rumores dirigidos a desestabilizar el sistema bancario nacional. Fueron imputados por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de difusión de información falsa, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras que contempla penas de prisión de nueve a once años y un Tribunal de Control  acordó medidas cautelares.

Lo extraño de este caso es que al momento de ser detenido una de estas personas contaba con apenas 32 seguidores y había enviado 201 mensajes de los cuales solo uno hacía referencia a la situación bancaria. [16] La otra tenía dos meses suscrita a Twitter y sólo seis seguidores. Las autoridades policiales, después de practicar experticias, no encontraron elementos de culpabilidad y determinaron que había habido una equivocación. El abogado de Nares cuestionó a la Fiscalía por no haber  realizado las diligencias pertinentes que llevaron a su imputación.[17]

Convergencia: el control del contenido… y de los soportes

Hasta diciembre del año 2010, en Venezuela no existían leyes específicas que penalizaran las actividades en línea, salvo las previstas en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos relacionadas con la privacidad y la pornografía. Sin embargo, luego de las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010,  durante un periodo de quince días calificado de “emergencia legislativa” por parte del gobierno,[18] previo a la instalación de una nueva Asamblea Nacional en la que éste carecería de la mayoría calificada para legislar o modificar leyes orgánicas, fueron aprobadas las reformas de la Ley Resorte (a la que se agregan los Medios Electrónicos, ME) y la LOT.

Es posible señalar varios aspectos cruciales de estas reformas, pero sólo mencionaremos los que en nuestro criterio tienen mayor relevancia para este análisis, pues apuntan a un control que resulta vital: al del soporte de los contenidos. En la primera (Resorte-ME) se contempla la responsabilidad social de los proveedores de servicio de Internet y medios electrónicos, vale decir, se legisla sobre el soporte de los datos, lo cual abre paso al establecimiento de mecanismos de censura previa de los contenidos emitidos por terceros; y en la segunda, la LOT, tanto la explotación de las redes como la prestación de servicios de telecomunicaciones dejan de ser de interés general y pasan de ser considerados de interés público, vale decir, a ser monopolizados por el Estado.

En este contexto, la Ley contra Secuestro y Extorsión, que obliga a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, bancarios o financieros, a suministrar datos requeridos por el Ministerio Público cuando por razones de necesidad o urgencia les sean solicitadas, genera lógicas reservas. Sobre todo porque en los recientes casos de violación de cuentas electrónicas y suplantación de identidades digitales sufridas por un grupo de opositores  -hechos claramente tipificados como delitos en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos -  no ha habido sanciones legales por parte de las autoridades, a pesar de las denuncias interpuestas por los afectados. Por el contrario, por los medios del Estado, como Venezolana de Televisión, se ha difundido el manifiesto de quienes se atribuyen estas prácticas ilegales y exculpan de toda responsabilidad al gobierno.[19]          

A modo de conclusión

A lo largo de la primera década del Siglo XXI, la polarización política ha ocasionado graves daños a la plataforma de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios de Venezuela. Este hecho ha generado que algunos ciudadanos, gracias a las posibilidades que brindan las nuevas plataformas de comunicación, comiencen a explorar otras vías, como medios digitales y redes sociales, para informar, informarse y exponer libremente sus opiniones, percepciones y demandas sobre asuntos políticos y sociales. Considerados una válvula de escape, una hendija a través de la cual es posible poner a circular discursos alternos al mainstream mediático, éstos pueden ser definidos, ciertamente, como medios alternativos de comunicación y cumplen, al menos, con dos de las características que apuntamos inicialmente: ejercen un contrapeso al poder y son expresión de diversidad. Esta última tendencia, sin embargo, requiere de comprobación empírica mediante estudios más profundos. Para finalizar, es preciso decir que obviamente depende de otros factores, no solo tecnológicos, el que los ciudadanos puedan alguna vez, como marcan viejas aspiraciones, promover y contribuir con el proceso de gestación de una sociedad democrática donde priven la justicia, la paz y la equidad. Los medios de comunicación, sin embargo, jugarán un rol fundamental. En un siglo marcado por la centralidad que ocupa la Internet, la defensa del libre acceso a ésta, como un derecho humano, y de la libertad de expresión en ese entorno constituyen nuevos retos.

Referencias

[1] En la hegemonía comunicacional va a haber varios niveles: integración de los sistemas de los medios públicos, articulación de un plan estratégico que permita la orientación de esos medios públicos;la creación de un sistema nacional de medios comunitarios y alternativos; el impulso hacia una producción independiente. (Weffer, 2007). Las negrillas son nuestras.

[2] Un ensayo más completo sobre la reconfiguración de los medios alternativos en Venezuela se encuentra en: Urribarrí, R. (2009).  De comunitarios a gobunitarios. Los medios alternativos en tiempos de revolución. En: Bisbal, M. Hegemonía y control comunicacional. Caracas: Alfa-UCAB.

[3] http://www.larepublica.pe/13-09-2011/internet-y-la-politica Recuperado el 18/09/2011

[4] http://bit.ly/ea1cKi

[5]Traducción propia de: All by itself, however, the Internet provides nothing certain. In fact, as has become obvious in too many contexts, it empowers the strong and disempower the weak. (Morozov, E. 2011: 17)

[6] http://bit.ly/oTboiw  Recuperado el 17/08/2011

[7] http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf Recuperado el 01/09/2011

[8]Facebook cuenta con más de 8.300.000 usuarios, lo que representa un 75% de los usuarios de Internet en el país y un 30% de la población total.  Los de Twitter son 2.300.000, lo que equivale a un 21% de los usuarios y 8% de la población. YouTube cuenta con una penetración del 77% de los usuarios venezolanos. http://bit.ly/qHdnt2 Recuperado el 08/09/2011

[9] Ver el informe de Medianálisis http://bit.ly/mUaNt8 Recuperado el 01/09/2011

[10] Proyecto NURR H-484-09-09-B financiado por el CDCHTA de la Universidad de Los Andes

[11] Los siguientes párrafos están basados en datos que aporta el Reporte Venezuela 2011 de la organización Freedom House.

[12] Colegio Nacional de Periodistas: Noticiero Digital: el primer ensayo, 15 de marzo de 2010.

 http://bit.ly/nwP0BV Recuperado el 17/08/2011

[13] Noticiero Digital: Cómo dos foristas recien inscritos se aprovecharon de la libertad de ND y qué hicimos para controlarlos, 16 de agosto de 2011.  http://bit.ly/dfopsi Recuperado el 18/08/2011

[14] Gaceta Oficial, 18 de marzo de 2010. http://bit.ly/pCDn1Q Recuperado el 18/08/2011

[15] Roberto Carlo Olivares. Los patriotas de las FAN en busca de Lucio Quincio Cincinato. Noticiero Digital, 2 de junio de 2010. http://bit.ly/cDs68z Recuperado el 18/08/2011

[16] “El tweet desestabilizador”. Código venezuela, 8 de julio de 2010. http://bit.ly/cx7BU7 Recuperado el 18/08/2011

[17] “Imputada en caso de desestabilización bancaria niega su responsabilidad”. Asamblea Nacional, 21 de julio de 2010. http://bit.ly/pkahwV Recuperado el 20/08/2011

[18] El jurista Pedro Nikken  la calificó de “asonada legislativa”, pues en su criterio el nuevo cuadro político que surge a partir de la aprobación de este conjunto de leyes se caracteriza por el “abandono desembozado de principios fundamentales de la democracia y del estado de derecho”.

[19]  http://bit.ly/q0dix8 Recuperado el 09/09/2011